Como consecuencia del crecimiento poblacional y los cambios en las formas de vida, los seres humanos se concentran cada vez más en las grandes ciudades; este hecho plantea nuevos problemas, sobre todo en lo que respecta al consumo de alimentos por lo que, hoy por hoy, asegurar alimentos sanos y nutritivos es un gran desafío.
En el 2008 comenzó una crisis económica, que hasta el presente año y por diversos motivos ha perdurado a través del tiempo; esta crisis ha impactado de forma negativa diversos ámbitos de la existencia humana y por ende la capacidad para adquirir alimentos suficientes y nutritivos.
En el caso de México, los precios de los alimentos experimentaron un crecimiento sostenido desde agosto de 2007 a febrero de 2010. Después de esa fecha, el ritmo de crecimiento ha sido más lento, con caídas de enero a abril de 2012 y de enero a junio de 2013 (CONEVAL, s.f.).
Es así como, más recientemente, 53,4 millones de mexicanos vivían en condiciones de pobreza en 2016, lo que equivale a 43,6% de la población total del país. De esta población, 9,4 millones de personas, es decir, 7,6% de la población del país, se encontraban en condiciones de extrema pobreza (FAO, 2019). En el presente la pandemia por COVID-19 ha afectado no solo la economía, también la salud y nutrición de millones de personas en el mundo; los efectos y estadísticas solo podrán valorarse en el futuro.
Históricamente en México las políticas alimentarias y los programas que los representan han cambiado desde aquellos de asistencia social hasta los que buscan coordinar varios sectores y dependencias de gobierno.
Por ejemplo, al finalizar el sexenio de Vicente Fox (2000-2006), y con ello, la continuación del partido de la alternancia en el poder encabezado por Felipe Calderón (2006-2012), se prosiguió con estrategias de asistencia social para el combate a la pobreza. Así, se potenció de nueva cuenta el programa Oportunidades, que incrementó su cobertura en cerca de seis millones quinientas mil familias (López y Gallardo, 2015).
No obstante, en esta administración, al igual que la de su predecesor, se enfrentó un escenario económico complejo caracterizado por la desaceleración económica estadounidense, que impactó de manera negativa la economía nacional, al grado de registrar un decrecimiento negativo del producto interno bruto del 6,5 % para el 2009 (López y Gallardo, 2015).
Posteriormente en el sexenio del gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la apuesta para enfrentar la inseguridad alimentaria inicia con objetivos aparentemente más ambiciosos. Esta se engloba en un proyecto de política social mucho más amplio llamado Cruzada Nacional contra el Hambre (Sinhambre). Durante sus dos primeros años de operación, el citado proyecto da continuidad al programa Oportunidades de las administraciones pasadas y, en septiembre de 2014, se sustituye por uno nuevo conocido como Prospera (López y Gallardo, 2015).
Prospera fue una estrategia de inclusión y bienestar social de carácter nacional, que tenía como objetivo garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición de los 7.01 millones de mexicanos que se encontraban en condición de pobreza extrema, y contribuir al ejercicio pleno de su derecho a la alimentación (PSAN, 2019).
A diferencia de los programas anteriores, con este programa se pretendía instrumentar, entre otros aspectos, un marco específico regulatorio de política social aparentemente mucho más efectivo enfocado en las comunidades pobres y en mayor situación de pobreza (López y Gallardo, 2015).
Es así que el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre (Sinhambre), tenía como instrumento más visible los comedores comunitarios y sus objetivos fueron los siguientes: 1) Cero hambre; 2) Eliminar la desnutrición infantil; 3) Aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños productores agrícolas; 4) Minimizar las pérdidas poscosecha y de alimentos durante su almacenaje; 5) Promover la participación comunitaria para la erradicación del hambre en la población (Bellota, 2018).
Sin embargo, este escenario de cambios estructurales y relativa estabilidad macroeconómica, de los programas de asistencia social y las políticas alimentarias se han visto poco favorecidos. El crecimiento de la pobreza alimentaria en los últimos años en México ha otorgado un nuevo impulso al debate sobre la efectividad de los programas sociales dedicados a su combate y erradicación (López y Gallardo, 2015).
En la mayoría de los casos la necesidad de las familias mexicanas es la de alimentar a todos sus miembros y que estos se sientan saciados con la comida que consumen. Por lo que en muchas ocasiones les resulta más sencillo adquirir alimentos con bajo contenido nutritivo que no contribuyen a preservar la salud.
Aún están por conocerse los resultados del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, en cuanto a salud, alimentación, etc. que, con una pandemia de por medio, se prevén mayor pobreza y hambre entre la población.
REFERENCIAS
Bellota, L. (2018). Bien común: La Cruzada contra el hambre, ¿éxito o fracaso? Año XXV. Número 285. Diciembre 2018. Recuperado de: https://almacenamientopan.blob.core.windows.net/pdfs/estrados_electronicos/2019/02/Bien-Comun-285-DIC.pdf
CONEVAL (s.f.). Diagnóstico sobre alimentación y nutrición. Recuperado de https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/ECNCH/Documents/Diagnostico_sobre_alimentacion_y_nutricion_270715.pdf
FAO (2019). El sistema alimentario en México: Oportunidades para el campo mexicano en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Recuperado de http://www.fao.org/3/CA2910ES/ca2910es.pdf
López, R. y Gallardo, E. (2015). Las políticas alimentarias de México: un análisis de su marco regulatorio. Revista Estudios Socio-Jurídicos, vol. 17, núm. 1, enero-junio, 2015, pp. 13-41 Universidad del Rosario. Bogotá, Colombia. Recuperado de: https://www.redalyc.org/pdf/733/73333009001.pdf
PSAN (2019). Programa nacional México sin hambre 2014-2018. Recuperado de: https://plataformacelac.org/politica/7
Jesús Emmanuel Martínez Velasco.
jemartinez@clea.edu.mx
